Crítica

La visión unipersonal de Tito Campos

Cunduacán, bajo la ley de monte

 

  • Por eso se pregunta, qué hará el titular del OSFET respecto a esta administración, porque la fiscalización de la cuenta pública no estriba nada más en ubicar si se robaron o malversaron el dinero, sino en detectar el mal uso del poder.

 

  • Tito Campos está chapado a la antigua y quizá no gobierna, pero esto no lo exime de las responsabilidades que como alcalde tiene, sobre todo en materia del cuidado del erario.

 

 

 

 

A unos días de que concluya el periodo de José del Carmen López Carrera, al frente del OSFET, la administración de Tito Campos Piedra en Cunduacán sirve para confirmar que ese órgano es una institución fallida y descubrir cómo un hombre sin estudios superiores, puede hacerse cargo de los 391 millones 567 mil 344 pesos con 16 centavos, autorizados para ser ejercidos durante todo el 2016.

El edil ranchero alcanzó la victoria en el 2015 gracias a los millones de pesos que le metió a su campaña, desde varios años atrás. De genio volátil y terco en sus decisiones, asumió el poder entre fuertes reticencias de la comunidad política municipal e inicio un gobierno guiado bajo la ley del monte.

Esta visión unipersonal la convirtió en política pública, la cual fue aprovechada por sus funcionarios, especialmente por el contralor municipal, Nolberto Gordillo Fuentes, quien valiéndose de su cargo y cercanía con Tito, metió a trabajar a su esposa identificada por su RFC: SAAS631124 (el documento del OSFET no revela el nombre).

El cargo que le consiguió fue de asesora adscrita a la Dirección de Programación, según se comprobó tras revisar las actas de matrimonio incluidas en los expedientes del personal contratado en 2016.

Ante esto cabe precisar que el contralor es el responsable de que los funcionarios del ayuntamiento no violen las leyes relativas a la administración pública. Una tarea que este funcionario soslayó con sus actos.

Meses después, en el tercer trimestre del año (del 1 de julio al 30 de septiembre), se encontró que el servidor público con RFC: COSL940212LSA, se desempeñaba como supervisor en la Dirección de Desarrollo, pero resultó ser hermano del regidor, Esteban Colorado Santiago.

Cualquier que tenga un poco de razonamiento, entenderá que el meollo del asunto no es nada más el dinero que se les pagó indebidamente a estas personas, sino el delito de nepotismo permitido por Tito Campos Piedra de manera reiterada, y por el que el Órgano Superior de Fiscalización, de conformidad con las disposiciones jurídicas respectivas, está obligado a sancionar.

Como también lo está por el fraude cometido al pagarle sueldos a varias personas que no llegaban a laborar al ayuntamiento (aviadores), según consta en las listas de asistencia.

Va un ejemplo. En el mes de febrero el trabajador con RFC: RAVD650729M82, empleado en la Secretaría del Ayuntamiento nunca registró su estancia laboral, tampoco se encontró algún oficio de comisión que amparara su permanente inasistencia. Concluyéndose que era un engaño.

En agosto se hizo una inspección física al personal empleado en la Coordinación de Servicios Municipales, detectándose que el trabajador con RFC: SOJU300628Ml5, y categoría de obrero “D” no llegaba a cumplir sus funciones, razón por la se firmó un acta circunstanciada para dejar en firme la acusación de que esta persona cobraba, pero no trabaja en el ayuntamiento bajo el régimen de lista de raya.

Pero Tito Campos no sólo permitió esto, sino que se autorizó salarios netos de $124 600.70 y $116 700.70 (entre abril y junio), los cuales comparados con lo establecido en el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco para el año 2016, publicado en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 2015, resulta que en esos meses ganó más que el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez, quien tiene como un máximo de percepción neta mensual de $115 314.19.

Detrás de él, otros 8 servidores públicos también cobraron más que su superior jerárquico. Así que José del Carmen López Carrera está obligadísimo a sancionar correctamente a todos los involucrados.

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En el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre), una vez más se analizó y revisó la documentación relativa a la asistencia de personal; además se hizo una verificación física y se aplicaron cuestionarios a los asesores del ayuntamiento.

A raíz de esto se declaró que se había gastado un millón 488 mil 910 pesos en el pago de aviadores.

Para demostrar ésta y otras irregularidades, con fecha 01 y 02 de junio de 2017, el OSFET le solicitó al ayuntamiento las listas de asistencia originales y oficios de comisión de los servidores públicos asignados a la Presidencia Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento, a las direcciones de Finanzas, Programación y Administración, así como a la Coordinación del DIF Municipal.

En respuesta recibieron el oficio número CM/1934/02/06/2017 fechado el 02 de junio de 2017, mediante el cual enviaban lo requerido; sin embargo, en las listas no incluían los nombres de los asesores (que eran 9 en total), únicamente el de Jesús Inocente Chablé Alejandro, adscrito a la presidencia y a quien mencionan, pero no hay firmas de él en el control de asistencia.

Cinco días después (07 de junio) los inspectores acudieron a esas áreas de trabajo y confirmaron que 8 asesores no llegaban a trabajar, entre ellos Daniel Ramón Vargas, Rosa del Carmen Cruz Cejas y Gonzalo García Cruz; además observaron que el último aparece firmando como coordinador administrativo en la lista de asistencia del DIF municipal.

Una verdadera incongruencia administrativa que se agravaría cuando el 13, 21 y 22 de junio siguiente, esos tres funcionarios se presentaron ante el personal del Órgano, supuestamente para aclarar su situación.

Sin embargo, lo único que hicieron fue complicarla más, porque la segunda de ellos se suponía que estaba adscrita a la Dirección de Finanzas, pero aparecía como asesor en presidencia, mientras aseguraba que era jefa de departamento de ingresos.

Por eso se pregunta, qué hará el titular del OSFET respecto a esta administración, porque la fiscalización de la cuenta pública no estriba nada más en ubicar si se robaron o malversaron el dinero, sino en detectar el mal uso del poder.

Tito Campos está chapado a la antigua y quizá no gobierna, pero esto no lo exime de las responsabilidades que como alcalde tiene, sobre todo en materia del cuidado del erario.

Al respecto, se indagó cómo se gastó el dinero destinado a los apoyos sociales otorgados por el DIF municipal a personas de escasos recursos, y de acuerdo con las órdenes de pago número 2110 y 2111, ambas de fecha 22 de abril se compraron 500 despensas básicas y 120 ataúdes, de las primeras se entregaron 230 y 58 de las segundas, entre los meses de enero, febrero.

Lo absurdo en esto, es que el edil lo hizo a como Dios le dio a entender, porque el proceso licitatorio (HACU-CAM·LSm-06-RP-2016) lo realizó el 15 de marzo de 2016, cuando la entrega de despensas inicio mucho antes.

Un caso que no fue aislado. Entre los meses de octubre a diciembre las licitaciones: HACU-CAM·AD-RP-19-2016, relacionada con la compra de bombas aspersoras para beneficio del sector agropecuario, pesquero y forestal y la HACU-CAM-AD-RP-19-2016 (compra directa para el equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario “El Cristal”) de fechas 25 de octubre y 15 de noviembre, se adjudicaron de manera directa, cuando por ley debió ser por licitación menor, con invitación a por lo menos a tres personas.

Las licitaciones 10-827006988-E20-2016 (relativa a la sustitución de luminarias tradicionales por luminarias de Leds en la ciudad de Cunduacán), fechada el 19 de septiembre y la L0-827006988-E15-2016 (construcción de techado en plaza cívica del parque central del municipio) de fecha 12 de agosto, debieron ser por invitación a tres participantes y por licitación pública nacional, respectivamente, pero no lo hizo de esa manera.

Los diputados integrantes de la LXII legislatura local tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar o no, el sentido del dictamen relativo a las cuentas públicas de los 17 ayuntamientos del estado que les envió José del Carmen López.

A partir de ahí, el fiscal tendrá que gestionar el inicio de procesos administrativos y penales en su caso, en contra de los funcionarios involucrados en desvíos de recursos y demás fallas administrativas y financieras.

¿Qué trato le darán a este ranchero alcalde? ¿Se saldrá con la suya? ¿Imperará la ley del monte o las leyes generales relativas a la administración pública?

No hay que esperar mucho. Vanguardia.

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